JUSTICIA PARA NUESTROS COMANDOS CHAVÍN DE HUÁNTAR

El exministro de Defensa Antero Flores-Araoz en entrevista al diario LA RAZÓN, propuso, en su calidad de defensor de los comandos Chavín de Huántar, propuso que todos los peruanos enviarán cartas y correos electrónicos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reclamando justicia para nuestros comandos, y que no sean enjuiciados nuevamente.

Los promotores de la denuncia por el caso Chavín de Huántar no es contra los comandos, sino contra el Estado; sin embargo hay implicancias contra los ejecutores de la operación.

Los comandos no han sido denunciados ni demandados, lo ha sido el Estado Peruanos. En caso de que el Estado Peruano pierda el proceso ante la Corte IDH, los que ‘pagarán pato’ y afrontarán las consecuencias, serán nuestros valerosos comandos.

Es bueno aclarar esto, pues los denunciantes no dicen eso…

El Perú fue denunciado ante la CIDH por las ONG que supuestamente defienden los derechos humanos, pero en el fondo lo que defienden es su bolsillo, ya que recibirían como honorarios un porcentaje de las reparaciones económicas que la Corte pudiera ordenar, si el Perú pierde el proceso. La Comisión interamericana hizo suya la denuncia y se convirtió en causa ante la Corte, que tendrá que determinar si hubo o no debido proceso en el Perú, y si decidiera que no lo hubo y todo vuelva a fojas cero, los perjudicados serán los comandos, pues tendrían que comparecer en nuevo proceso, sean como denunciados o como testigos, pero evidentemente sentados en el banquillo de los acusados, después de 18 años que ya han sufrido un calvario.

¿Cuál es el pecado de los Comandos Chavín de Huantar?

Increíble pero cierto, su pecado es haber cumplido con la patria, haber expuesto su vida e integridad personal para salvar a más de setenta rehenes que habían sido secuestrados por los ‘terrucos’ del MRTA en la residencia de la Embajada de Japón.

¿Qué debemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes que queremos defender a los comandos por el riesgo procesal que enfrentan?

Deberíamos enviar cartas y también correos electrónicos a la Corte Interamericana, reclamando justicia para nuestros Comandos, y que no sean enjuiciados nuevamente.

¿Es verdad que los comandos Chavín de Huántar ya fueron juzgados en la justicia nacional?

Sí, señor.  Cuando se dijo por terceros que había existido en la recuperación de los rehenes, por lo menos una ejecución extrajudicial e ilegal, los comandos tuvieron  que afrontar varios procesos.

Uno se ventiló ante la justicia ordinaria y otro ante el Fuero Militar-Policial.  Como no podían ser procesados por lo mismo en dos fueros diferentes, la Corte Suprema dirimió la competencia a favor del fuero privativo mencionado, y en este último proceso se ordenó el sobreseimiento y archivamiento de los actuados, al haberse acreditado que no hubo ninguna responsabilidad de los comandos por supuestas ejecuciones extrajudiciales.

¿En qué se basan los denunciantes para pretender nuevos juicios?

En qué dos años después de la recuperación de los rehenes, un funcionario de la Embajada del Japón, de apellido Okura, se le ocurrió decir que no todos los terrucos habían sido vencidos en combate, sino que algunos habían sido capturados vivos y luego ejecutados ilegítimamente.  Ello no solo no ha sido probado, sino que se ha acreditado que desde donde estaba Okura no podía haber visto lo que dijo que vio.

Pero no solo Okura lo afirma, sino que hubo un peritaje de un antropólogo  forense que dijo que los disparos al camarada Tito fueron cuando estaba ya detenido y con vida. ¿Es eso cierto?

Es falso de toda falsedad, como se ha acreditado posteriormente con otros dictámenes y estudios hechos por médicos y técnicos forenses de prestigio internacional, cuyos testimonios se presentaron tanto ante la Corte de Justicia del Perú, como ante la Corte IDH. El informe inculpatorio fue hecho añicos por los expertos forenses internacionales.

Pero también se dice que hubo dos policías que corroboraron la afirmación de Okura.

Cierto que corroboraron dos policías, pero ¿a quién creer? A los dos policías o a las 143 comandos y más de setenta rehenes salvados de muerte segura por nuestros comandos, quienes han manifestado hasta el cansancio que no hubo ninguna ejecución extra judicial.

Se tiene entendido que los abogados de los comandos han presentado un amicus curiae, para la defensa de los comandos.

Es cierto, y adicionalmente hemos presentado también el valioso testimonio que consiste en los libros escritos por el padre Juan Julio Wicht, el excongresista Samuel Matsuda, el entonces rehén Jorge San Román, así como también el libro “Rehén por Siempre” del almirante Luis Giampietri, en los que se puede advertir que no hay nada de lo afirmado por Okura.

¿También se ha dicho que los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Militar-Policial, pudieran verse afectados?

Así es, pues en el informe de fondo de la Comisión Interamericana, se dice que había que investigar y procesar a los vocales supremos que habían dirimido competencia a favor del Fuero Militar-Policial, así como también a los jueces de tal fuero que ordenaron el sobreseimiento del proceso.

También se ha hablado de ‘gallinazos’.

Qué gallinazos ni niño muerto, y si así fuere ellos habrían ingresado después de terminada la operación militar por los comandos, y a estos no se les puede implicar en supuestos hechos de terceros.

Una sentencia adversa al Perú, además de someter a los comandos a nuestros procedimientos, tendría otras consecuencias…

Se estaría dando una señal a militares y policías, que por cumplir con su deber y exponer sus vidas como hiciera el comando Valer y los demás héroes de la operación, pueden verse sometidos a largos e injustos procesos legales.